El pasado viernes fue el último Consejo de Ministros, antes de las vacaciones de verano, y por tanto, hay normas que se quedarán en el tintero hasta la vuelta de vacaciones. A continuación hacemos un repaso sobre la evolución de 3 importantes Leyes que se harán esperar hasta septiembre:
La Ley de autónomos incluye medidas muy esperadas entre el colectivo, que lleva viendo con impaciencia como el proceso se va alargando más de lo deseado.
Esta nueva norma contemplaría, entre otras, algunas de las siguientes mejoras:
Ampliación de la tarifa plana hasta 1 año.
Que puedan pagar solo por los días trabajados (permitiría hasta 3 bajas al año).
El incremento de la cuota de autónomos se vincularía a los Presupuestos Generales del Estado.
Reducción del recargo por retrasos en los pagos de Seguridad Social.
Poder cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año.
Ayudas para conciliación para las trabajadoras autónomas.
Deducción de los gastos de suministro.
A finales de junio se aprobó por unanimidad en el Congreso. La situación actual de esta propuesta de ley es que todavía debe ser revisada en el Senado, donde se incorporarán las enmiendas planteadas que procedan.
En el caso de ser modificada por el Senado, tendría que volver a votarse en el Congreso para ser ratificada. Según la información de diferentes periódicos, parece que hasta finales de septiembre no se va a retomar el tema.
Una vez se apruebe, tendremos que esperar a su publicación en el BOE y entrada en vigor. En el caso de las reformas relacionadas con las altas, bajas o cambios de bases, ya se ha anticipado que no entrarán en vigor probablemente hasta enero de 2018.
En estas últimas semanas, mucho se ha hablado sobre el Plan de Choque para el Empleo del Gobierno. Se esperaba que el viernes 28 de julio se hubiese aprobado, pero parece que no han encontrado los apoyos necesarios para sacar sus propuestas adelante.
El borrador de Ley del Ministerio de Empleo incluía las siguientes medidas:
Ayuda o complemento salarial de 430 euros para los jóvenes de Garantía Juvenil que suscribieran un contrato de formación y aprendizaje.
Contrato relevo con una jubilación anticipada parcial mientras un joven aprende el oficio.
La renovación del Plan Prepara, con una ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado sus prestaciones.
El Cheque Formación, para que los trabajadores en paro mejoren su empleabilidad a través de formación específica.
La falta de apoyos y la resistencia de Comunidades Autónomas y sindicatos ha motivado que el pasado viernes no se aprobase ninguna de las medidas, ni el Plan de Choque para el Empleo, ni el Plan Prepara.
El Plan Prepara, en concreto, se enfrenta a un reto todavía mayor, puesto que según estaba establecido, el programa sólo se prorrogaba automáticamente mientras la tasa de paro se mantuviese por encima del 18%.
La reciente Encuesta de Población Activa, donde se indicaba que la tasa de desempleados quedaba por debajo del 18% fue el último elemento en desestabilizar su aprobación. Como el ejecutivo no ha renovado el programa, a partir del 15 de agosto nos encontramos sin esta ayuda.
En cuanto al resto de medidas, se volverán a plantear a la vuelta de vacaciones. En septiembre se revisarán todas las propuestas, buscando la aceptación de sindicatos y las diferentes agrupaciones políticas.
Así que, frente a la duda que nos estáis planteando estos días sobre la ayuda de 430 euros para los contratos de formación y aprendizaje que se realicen con beneficiarios de Garantía Juvenil, tendremos que ver qué ocurre finalmente, ya que el enfoque planteado no acaba de gustar a los diferentes agentes sociales.
Este retraso puede suponer que se apruebe a finales de septiembre, octubre, o incluso que no llegue a ver la luz. Así que estaremos atentos a los próximos acontecimientos.
La semana pasada se aprobó en el Congreso, por mayoría, esta norma cuyo fin es proteger a la pequeña empresa frente a los Concursos, evitando los abusos en facturación y cobros, que ocasionan graves perjuicios, siendo en algunos casos incluso el motivo de cierre de algunos negocios.
Entre las medidas más destacadas se encuentran:
La limitación de los plazos de facturación a 60 días.
Eliminar la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago.
La posibilidad de acudir a instancias públicas en caso de impago.
Nuevos criterios sociales para las adjudicaciones.
La creación de una Oficina Independiente que supervise todo el proceso y garantice una libre concurrencia.
Esta Ley aprobada, ha sido modificada por 975 enmiendas ni más ni menos, así que ahora tendremos que ver qué ocurre en septiembre en el Senado. Por tanto, también tendremos que esperar para su aplicación.
En nuestro blog os iremos informando sobre la evolución de todas ellas. Aunque sea verano, aquí seguimos al pie del cañón, para manteneros siempre al día 🙂
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Ayer se aprobó en el Congreso, por mayoría, una norma que pretende proteger a la pequeña empresa: La nueva Ley de Contratos, que entre otras medidas, limita a 60 días el plazo para el pago de facturas.
El objetivo de esta ley sería proteger a las empresas subcontratistas, que en muchas ocasiones se ven tremendamente perjudicadas por los plazos abusivos que les son impuestos. El plazo de 60 días ha sido fijado en el marco de la Ley de Morosidad. Eliminando así la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago.
Cabe destacar que el texto establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración, si así se indica previamente.
Tras la última normativa aprobada, las pymes podrán acudir a instancias públicas en el caso de sufrir retrasos en los cobros de sus facturas. Y se supone que, a partir de ahora, será más fácil para ellas acceder a los concursos de las Administraciones, ya que los cambios introducidos contribuirían a disminuir el volumen de papeleo y burocracia para que la empresa pueda ser escogida.
La nueva norma incluye diversas directivas europeas, que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones. Además, trae nuevos criterios que se tendrán en cuenta en la valoración para las adjudicaciones, con carácter social, laboral y medioambiental.
Así mismo, hay que destacar como novedoso, que a partir de ahora la Administración tendrá que demostrar que puede prestar un servicio con mejores condiciones que un capital privado.
Y en el caso de conflicto entre la empresa a la que se adjudicó el proyecto y la Administración, la empresa podrá presentar un recurso especial al Estado para que lo resuelva. Garantizando la posibilidad de rescindir contratos por el impago de salario a trabajadores.
Otra de las principales novedades es que se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas
Esta previsto que se cree una Oficina Independiente que se encargará de supervisar los contratos y garantizar la libre concurrencia.
La norma, que ha sido modificada por 975 enmiendas, será tramitada por el Senado en septiembre, así que deberemos esperar todavía para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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Esta ayuda ya no existe, finalizó el 1 de enero de 2019.No se podrá solicitar más.
Ayer la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció un conjunto de medidas que Empleo quiere desarrollar para fomentar el empleo joven, destinadas a jóvenes menores de 30 años. Entre ellas, destaca una ayuda de 430 euros para los contratos de formación y aprendizaje.
Así es la ayuda de 430 euros para los contratos de formación
La Ministra ha explicado en una rueda de prensa que esta ayuda de 430 euros mensuales, estaría dirigida a los jóvenes desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con dificultades de inserción, que sean contratados mediante un contrato de formación y aprendizaje. La ayuda tendría, en principio, una duración máxima de 18 meses.
Se trataría de un complemento salarial, que haría que su salario se incrementase 430 euros todos los meses. Por ejemplo, si el salario que les corresponde, en proporción a la jornada que realizan (75% durante el primer año) fuese de 700 euros, al recibir la ayuda, la cantidad final que recibirían sería de 1130 euros. (Obviamente, esto es orientativo, ya que el salario del contrato de formación variará según lo que indique el convenio colectivo de cada área profesional).
Esta medida podría beneficiar a más de 800.000 jóvenes ya inscritos en Garantía Juvenil, cifra que se espera aumente considerablemente si se ponen en marcha estas ayudas.
El Gobierno apuesta por el contrato de formación como una vía efectiva de inserción laboral
El Gobierno, que ya había manifestado en anteriores ocasiones su apuesta por el contrato de formación y aprendizaje como instrumento efectivo para la inserción laboral de este colectivo, quiere convertirlo en su buque insignia en su lucha contra el desempleo juvenil.
Fátima Báñez ha declarado que este modelo de contrato reúne los dos objetivos que pretende conseguir, tanto el Gobierno español, como Europa, que los jóvenes accedan al mundo laboral, y que reciban formación.
Además, las empresas también reciben grandes beneficios con el contrato de formación, ya que disfrutan durante toda su vigencia de tres bonificaciones, convirtiéndolo en la modalidad bonificada que más ventajas aporta actualmente.
Las empresas aplican una bonificación del 100% en los seguros sociales, bonifican el 100% del importe de la formación que recibe el trabajador, y ahora también reciben una bonificación adicional de entre 60 y 80 euros.
Nuevas bonificaciones por la transformación de contratos de formación en indefinidos
Actualmente, las empresas que deciden transformar el contrato de formación, a su finalización, en contrato indefinido, acceden a una bonificación anual de 1.500 euros durante 3 años, 1.800 si se trata de una trabajadora.
Según Fátima Báñez, se van a plantear incrementar la bonificación de cuotas en los seguros sociales para estas transformaciones. En principio, parece que la bonificación alcanzaría el 50% del pago en cotizaciones durante 3 años.
Ambas medidas van a ser planteadas durante la próxima semana a los interlocutores sociales y comunidades autónomas.
A continuación, podéis ver las declaraciones completas de la Ministra en su rueda de prensa:
En Grupo2000 estaremos muy pendientes de estas medidas, que a día de hoy son solamente una propuesta, tendrán que ser aprobadas por el Gobierno.
Se prevé que no haya mucha demora, ya que según indica el Gobierno, se financiarían con una partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Para cualquier consulta, os atenderemos encantados en el teléfono 958 806 760, o en nuestro chat online.
Fuente: Gobierno de España.
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Recientemente, la Fundación Once ha publicado una convocatoria en la que se establece una ayuda para contratos de formación realizados a jóvenes con discapacidad.
Cuantía de la ayuda
Se ofrece una subvención de hasta 18 meses por la contratación, el importe concedido supondría el 80% de las retribuciones brutas pactadas con la empresa o fijadas en convenio colectivo.
El importe mensual de la ayuda que podrá ser concedida por trabajador contratado estará comprendido entre el SMI 707,60 y 1.061,40 €. Por lo que el importe total que recibirá la empresa podrá ser desde 9.906,40 € hasta 22.289,40 €.
La ayuda está sujeta al límite establecido por la regla de minimis y adicionalmente se establece un límite máximo de ayuda por grupo empresarial de 500.000 euros.
Una vez que reciban la resolución de la concesión, las empresas podrán solicitar una ayuda de hasta 1.000 € para adaptación del puesto de trabajo de la persona contratada.
Compatible con los beneficios en seguros sociales del contrato de formación y aprendizaje
Además, la formación teórica oficial que recibiría el trabajador inherente a su contrato, también estaría bonificada al 100%. Y la empresa recibiría una bonificación adicional de entre 60 y 80 euros en concepto de tutorización.
Requisitos para obtener la ayuda a la contratación de la Once
Contratar a jóvenes con discapacidad inscritos en Garantía Juvenil.
Realizar un contrato de formación y aprendizaje por una duración mínima de un año.
La contratación deberá suponer un incremento neto de la plantilla comparado a la plantilla total media en los 30 días naturales previos al alta.
Mantener dicha contratación al menos durante 6 meses. En el caso de que se finalice la contratación antes del año, deberá ser por causas ajenas a la empresa.
Aplicable para contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2017.
Requisitos que deben cumplir los trabajadores contratados
Tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Personas que tengan entre 16 y 29 años en el momento de formalizar el contrato.
Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de forma previa al alta del contrato.
Beneficiarios de la ayuda
Podrán optar a esta ayuda empresas y empleadores, independientemente de su forma jurídica, que estén establecidos en España.
Se excluyen como beneficiarias entidades del sector estatal, autonómico y local.
Las empresas deberán cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, deberán cumplir con la legalidad vigente en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.
Deberán solicitar la ayuda aportando toda la documentación necesaria, y posteriomente, justificar adecuadamente el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a la subvención.
Plazos de presentación y solicitud de la ayuda de la Fundación ONCE
Se podrá solicitar la ayuda desde inicios de 2017 hasta fin de fondos de la ayuda.
Para la solicitud, tendréis que descargar el formulario oficial y se presentará uno por cada joven contratado, junto con la documentación que se indica en las bases de la convocatoria.
Recientemente se publicó un Real Decreto para facilitar la adaptación de los sujetos pasivos al nuevo sistema de gestión de IVA, llamado Suministro Inmediato de Información. Esta norma permitía que las empresas pudieran retrasar su transición dándose de baja en REDEME hasta el 15 de junio. Te avisamos que esta semana finaliza el plazo, estamos ante los últimos días para darte de baja en REDEME si no quieres entrar en SII.
El Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, recoge la posibilidad de que los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual puedan solicitar la baja voluntaria en el mismo, siempre que se realice hasta el día 15 de junio de 2017. Esta acción tendrá efectos para el 1 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de SII.
Este cambio introducido ha sido necesario porque muchas de las empresas todavía no están preparadas para asumir la transición al nuevo sistema y atender las nuevas exigencias para la liquidación del IVA.
Y dado que, la baja o renuncia a REDEME debía haberse presentado en diciembre de 2016, han abierto un nuevo plazo para que las empresas que no estén obligadas puedan darse de baja.
Recordamos que los sujetos obligados a incorporarse en julio al nuevo sistema de liquidación de IVA son:
Los contribuyentes inscritos en REDEME (Registro de devolución mensual de IVA).
Las grandes empresas (con facturación superior a 6 millones de euros).
Los grupos de IVA.
Todos los contribuyentes que deben presentar la autoliquidación del IVA de forma mensual deberán incorporarse obligatoriamente a SII.
Así mismo, en el citado Real Decreto se especifica que los contribuyentes acogidos al Régimen simplificado no podrán optar en 2017 a la aplicación de SII, podrán incorporarse en 2018 si desean trabajar con el nuevo sistema telemático de gestión del IVA.
Plazos de incorporación a SII o Suministro Inmediato de Información.
La entrada del nuevo sistema de gestión y liquidación del IVA es inminente. SII comenzará a funcionar el 1 de junio de 2017. Afectará a 62.000 empresas, suponiendo alrededor del 80% sobre el total de facturación emitido a nivel nacional.
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